"Mantener un Fiscal General del Estado con la condición de investigado como posible responsable de un delito, es deteriorar gravemente nuestro Estado de Derecho". Así se pronuncia la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), la primera que ha reaccionado ante la apertura por parte el Tribunal Supremo de una investigación penal a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso, inmerso en un procedimiento por delito fiscal.